Los Mochis, Sinaloa.- En México, la ley no pesa igual para todos. Mientras ciudadanos enfrentan procesos penales por delitos menores, políticos emanados del partido en turno libran acusaciones de corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad sin pisar un juzgado.
La regla no es nueva, pero se repite sexenio tras sexenio: el partido que gobierna protege a los suyos.
Los casos que no avanzan:
En los últimos seis años, exgobernadores, alcaldes y diputados del partido oficial han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación, la UIF y fiscalías estatales por irregularidades que suman miles de millones de pesos. Las carpetas existen. Las denuncias están presentadas. Los procesos, congelados.
1. Desvíos en programas sociales: Señalamientos de uso electoral de apoyos federales en 2024 y 2025. Las investigaciones no han citado a declarar a los funcionarios responsables.
2. Obra pública con sobrecostos: Contratos asignados sin licitación a empresas recién creadas, vinculadas a familiares de secretarios de Estado. La FGR abrió expedientes, pero no hay imputados.
3. Enriquecimiento inexplicable: Alcaldes y legisladores del partido en el poder aumentaron su patrimonio durante el cargo. Las declaraciones patrimoniales lo documentan. No hay un solo caso judicializado.
Fuentes del Poder Judicial y de fiscalías locales coinciden en la ruta: las denuncias contra funcionarios del partido gobernante se “duermen” en escritorios. Se archivan por “falta de elementos”, se devuelven a contralorías internas controladas por el mismo gobierno, o se retrasan hasta que prescribe el delito.
Cuando el señalado cambia de partido o rompe con el oficialismo, el expediente revive. Entonces sí hay órdenes de aprehensión, cateos y conferencias de prensa.
"La justicia es selectiva"
Académicos de la UNAM y del CIDE han documentado el patrón desde el año 2000: el 87% de los gobernadores procesados por corrupción fueron de oposición al gobierno federal en turno. Los del partido en el poder, aún con auditorías en contra, concluyen su gestión sin consecuencias penales.
El costo: Desconfianza y cinísmo
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI reveló que 72% de los mexicanos cree que la ley se aplica solo a los adversarios del gobierno. El dato subió 9 puntos en tres años.
Mientras tanto, las obras inconclusas, los medicamentos faltantes y los programas sociales sin reglas claras siguen sin responsables, si el responsable porta el color del poder.
En México, la justicia no es ciega. Mira credenciales. Y cuando la credencial es del partido que gobierna, la balanza se inclina. Los expedientes se enfrían. Los casos se olvidan.
Añadir comentario
Comentarios