Los Mochis, Sinaloa.- Aunque México no tiene tratado comercial con Ecuador para importar camarón, en este agosto de 2026 siguen entrando hasta 30 tráileres diarios de camarón ecuatoriano de contrabando, lo que mantiene al borde del colapso a la industria nacional.
Productores de Sinaloa, Sonora y Nayarit denunciaron que el crustáceo ingresa de forma ilegal por las aduanas de Reynosa, Tamaulipas, Tijuana y por la frontera sur de Chiapas, en complicidad con autoridades aduaneras. De acuerdo con Raúl Leyva, presidente del Comité del Sistema Producto Camarón de Sinaloa, se paga hasta 80 mil pesos por tráiler para cruzar la mercancía.
Triangulación para burlar la ley
Al no existir acuerdo comercial y haber una suspensión definitiva dictada por un juez federal que prohíbe el ingreso de camarón ecuatoriano, el producto es triangulado. Según productores y senadores, el camarón se envía primero a Honduras, Guatemala y Nicaragua, donde es reetiquetado para ocultar su origen y hacerlo pasar como centroamericano para ingresar a México aprovechando esos TLCs.
El Gobierno de México ha sostenido que el camarón está fuera de la mesa de negociación con Ecuador, pero la práctica del contrabando no se ha detenido.
Afectaciones al mercado nacional
La entrada masiva de camarón barato ha generado una crisis sin precedentes en el sector:
1. Caída de precios: Mientras producir un kilo en México cuesta 75 pesos, en Ecuador cuesta alrededor de 50 pesos por subsidios al diésel y mejores condiciones climáticas. La diferencia ha desplomado el precio del camarón nacional.
2. Toneladas sin vender: A principios de la Semana Santa se reportaron 20 mil toneladas almacenadas sin venta en el noroeste, justo en la temporada más importante del año.
3. Empleos en riesgo: La acuacultura genera 60 mil empleos directos y la pesca ribereña otros 220 mil. Ambos están en riesgo por la competencia desleal. En total, más de 430 mil familias dependen directamente de la actividad, según Conapesca.
4. Pérdidas millonarias: Se estima que el contrabando representa 35 mil toneladas al año, equivalente al 30% de lo que produce Sinaloa, con un impacto económico superior a los 6 mil millones de pesos.
Los productores exigen al Gobierno Federal verificación de origen, certificación de granjas y revisiones zoosanitarias en aduanas para frenar el ingreso ilegal.
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